EDIFICIO ABELLÓ

A finales de los años 70 del s. XX la franja entre el ferrocarril y el río, al norte del puente de la Estación, era una zona funcionalmente anacrónica donde languidecían las instalaciones obsoletas o abandonadas de distintos establecimientos industriales. De todas ellas destacaba por su tamaño la fábrica de la empresa Alcaloides Abelló, encabezada en aquel momento por Juan Abelló -vía hereditaria como indica su apellido- y por un brillante ex-abogado del Estado, de carrera profesional fulgurante, llamado Mario Conde.
La operación inmobiliaria que urdieron en ese solar catapultó a ambos, y especialmente al segundo, hacia el Olimpo del empresariado rutilante que el discurso emanado de las esferas del poder ofrecía como modelo a seguir en la pujante época de los dos primeros gobiernos de Felipe González.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de León, aprobado a principios de los años 80, reconocía la necesidad de proceder a una remodelación profunda de esta zona de la ciudad, aprovechando el cambio funcional. Parecía lógico que la industria se desplazara a emplazamientos más periféricos y el vacío fuera ocupado principalmente con edificios de uso residencial. EL PGOU formulaba una propuesta de ordenación de la parcela de la fábrica Abelló (nº 198 del polígono 61) con una zona verde mirando hacia el Bernesga y concentrando la superficie  construida al lado opuesto, en la calle Astorga. La edificación se descomponía en tres volúmenes de altura creciente en sentido N-S, alineados con la dirección del río. En el extremo septentrional un edificio de 5 y 8 plantas, luego uno intermedio de 10 y finalmente, al sur, otro de 15 pisos. La propuesta era deudora de modelos urbanos basados en la edificación aislada y alta, que en aquel momento estaban en plena revisión, y partía de la premisa de tábula rasa del edificio de la fábrica.
Tampoco la distribución de volúmenes parecía muy acertada, con el edificio más alto al sur, proyectando sombra sobre los restantes. No es de extrañar, por tanto, que se planteara una modificación de la disposición de los edificios sobre la parcela.
Así, el 21.10.1985 se presenta en el Ayuntamiento de León un Estudio de Detalle con ese propósito, firmado por un joven arquitecto (34 años) de Madrid, llamado Antonio de la Riva Conde que propone la exclusión del Polígono 61 de una zona entre la calle Juan de la Cosa y la Avenida de Quevedo; una capacidad de 416 viviendas, 138 apartamentos y locales comerciales totalizando una superficie construida de 58.316 m2; y la colocación de los edificios de acuerdo con “las tipologías típicas de León, según alineación a vial, remarcando la cornisa edificatoria que define las márgenes del río”. En suma, se pretende un aumento considerable del aprovechamiento lucrativo a través de un tipo arquitectónico más afín a la manzana cerrada e invirtiendo la posición los edificios.
Con una velocidad de tramitación envidiable, o sospechosa para los malpensados, cuatro días después el Pleno municipal aprueba una modificación del PGOU que hace viable el Estudio de Detalle, que a su vez es aprobado el 29.11.1985 con el voto en contra de la oposición, a la que no convencieron los argumentos esgrimidos por el Concejal de Urbanismo, el abogado Ángel Luis Fernández, partidario ferviente de “incentivar a los propietarios actuales para que salgan de la zona”.
Tampoco eran de esa opinión otras empresas con intereses en esta área de la ciudad, como Aceites Elosúa, que presentó una alegación contraria a la aprobación comparando las variaciones de edificabilidad (+33,3%) y número de viviendas (+132%) derivadas de la modificación del PGOU y del Estudio de Detalle.
A partir de aquí se desata una guerra en todos los frentes entre la Junta de Castilla y León, que defiende la ortodoxia en la gestión urbanística, y el Ayuntamiento de León encabezado por Juan Morano que, bajo el lema de “León sólo”, pretende campar a sus anchas, sin enojosos controles por parte de instancias ajenas.
No lo consiguió. El día 03.06.1986 la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Valladolid suspendió la ejecutividad de la aprobación del Estudio de Detalle porque la modificación del PGOU, en la que se basaba, no se había aprobado definitivamente por el gobierno regional. A su vez, la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el 16.07.1986 no toma conocimiento de la aprobación definitiva del Estudio de Detalle por no ajustarse a las determinaciones del PGOU "advirtiendo al Ayuntamiento de las responsabilidades en que pueden incurrir si se procediera a la concesión de licencias". Además, algunos miembros de la Comisión plantean la posibilidad de rehabilitar varios edificios del complejo industrial.
Con las espadas en alto, el 30.09.1987 se presenta por los promotores otro Estudio de Detalle, apoyado en la aprobación definitiva de las modificaciones del PGOU por parte de la consejería competente de la comunidad autónoma en agosto de 1987. Medio año después (18.03.1988) la Comisión Provincial de Urbanismo presidida por I. Carrasco no toma en consideración el Estudio de Detalle con el argumento de que plantea un cambio de zonificación que no puede acometerse con esa figura urbanística. Este asunto debió de conciliarse de algún modo pero no llegó la paz. La contienda se desplazó al destino de los edificios de la fábrica. El Ayuntamiento de León se decantaba por su demolición para ajardinar el espacio resultante mientras que la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León defendía su conservación por considerarlos un activo valioso del patrimonio industrial.
De acuerdo con este criterio se pronunció el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de León mediante un escueto informe de fecha 18.01.1991, propugnando la conservación de los dos pabellones que flanquean la chimenea así como otro construido en torno a 1930 que "ejemplifica la penetración de la arquitectura racionalista". También manifestó públicamente su apuesta por la conservación el Colegio de Arquitectos.
En el fragor de la batalla cada parte recurrió a su respectivo arsenal, sin contemplaciones.
La Comisión Territorial de la Junta aprobó el 13.10.1991 la incoación de un expediente para declarar la fábrica Bien de Interés Cultural, en una estrategia que ya había utilizado en otras ocasiones por idénticos motivos. A su vez, el día 03.10.1991, el alcalde Juan Morano exhibió su habilidad para concitar la movilización populista preparándole una auténtica encerrona a la Directora General de Patrimonio, la historiadora Eloisa de Watenberg, con el inestimable apoyo de un grupo de compradores de viviendas en el nuevo edificio. El Diario de León del día siguiente reseñaba que al grito de "Aquí mando yo y desde Valladolid no dirigirá nadie esta ciudad mientras Juan Morano sea Alcalde", el susodicho prometió a los vecinos enfervorizados la inmediata demolición de la fábrica y la construcción de un parque que valoró en 50 millones de pesetas. El otro periódico local, La Crónica de León, recurría a un conciso y certero titular: "Encerrona a las 11,30".
La polémica coleó largamente. Así por ejemplo, el 04.05.1992 el arquitecto del Servicio Territorial de Cultura emitía un informe advirtiendo sobre el deterioro de la fábrica por la incuria de sus propietarios, comentando de paso que se habían demolido varias naves. Años más tarde el Ayuntamiento habilitó los inmuebles supervivientes para alojar una Escuela-Taller.
Mientras tanto y aparentemente ajenos a las trifulcas, Abelló y Conde se habían embolsado su apetitosa tajada y varios empresarios locales de la construcción se agruparon para repartirse la promoción, cuyo tamaño excedía de las capacidades financieras individuales. Sin lugar a dudas este bando fue el auténtico triunfador.
Lamentablemente el edificio resultante de esta procelosa historia no se distingue por sus virtudes arquitectónicas, en particular su fachada hacia el Bernesga, una mole anodina de 167,5 m de longitud y 11 plantas de altura, que exhibe, por decirlo de algún modo, una uniformidad vulgar y apabullante sin el alivio, siquiera, de algún elemento de contrapunto.